Redes Inteligentes, energías renovables, el prosumidor... por Sandra Wierzba

Autora: Sandra M. Wierzba


Publicado en: La Ley, RCyS 2019-V , 3 

Sumario: I. Introducción.— II. Generación distribuida de energías renovables: margo legal específico y realidad.— III. La figura del "prosumidor" en la generación distribuida de energía eléctrica.— IV. Palabras finales: notas sobre la prevención de daños y el aseguramiento.

Cita Online: AR/DOC/821/2019


I. Introducción

La energía tradicional luce hoy en día como un bien en vías de extinción. Sus notas características de creciente escasez e impacto ambiental negativo propician un proceso, en el cual el desarrollo de las energías alternativas de carácter renovable gana espacio en las preferencias de los Estados nacionales, las empresas y en la opinión pública.

Ante este escenario y bajo el amparo de los avances en las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), a nivel global se va imponiendo una nueva forma de diseñar y gestionar los sistemas de energía eléctrica, donde ya no se piensa sólo en un consumo distribuido (fenómeno que en nuestro país se instaló hace más de un siglo), sino que la propia generación de electricidad se proyecta como actividad de la que participará una multiplicidad de consumidores del servicio, convertidos también en productores (o "prosumidores").

En este sentido, se expande también en nuestro medio un tipo de sistema de gestión que permite promover el uso eficiente y racional de la energía eléctrica, con aprovechamiento de las energías alternativas y un mayor involucramiento ciudadano que, bien conducido, puede obrar como recurso adecuado para enlentecer el preocupante calentamiento global, promover actividades humanas propias de un desarrollo sustentable y acaso también, democratizar la producción de este bien básico.

Ahora bien, este nuevo sistema presenta intensas complejidades técnicas, económicas y, por cierto, jurídicas. La propuesta de este trabajo es discurrir preliminarmente sobre estas últimas, con la intención de colaborar con su mejor comprensión y con una adecuada aplicación de la generación distribuida de energías renovables en nuestro país.


II. Generación distribuida de energías renovables: margo legal específico y realidad

Ya en el año 1998 nuestro país se dictó la ley 25.019, que declaró de interés nacional la generación de energía eléctrica de origen eólico y solar en todo el territorio, estableciendo beneficios para las inversiones de capital destinadas a tal fin, como el diferimiento del pago de IVA (1).

Años más tarde, con la ley 26.190/2006, la declaración de interés nacional se extendió a la generación de energía eléctrica de fuentes renovables para el servicio público en general, promoviéndose la investigación para el desarrollo tecnológico y la fabricación de equipos con esa finalidad. Se fijó como objetivo lograr una contribución de las fuentes de energía renovable hasta alcanzar el ocho por ciento (8%) del consumo de energía eléctrica nacional, para el año 2016 (2).

Luego, la ley 27.191/2015 debió prorrogar tal objetivo, fijándose este en el 8% para 2017 y en el 20% para 2025, además de un cronograma gradual de cumplimiento (3), que también ha sufrido un retraso. De hecho, actualmente se observan participaciones del 2% al 5,6% sobre el total disponible —aproximadamente—, según un seguimiento instantáneo que viene haciéndose sobre el cubrimiento de la demanda con energías renovables (4), que evidentemente refleja la variabilidad de este tipo de producción, en función de la mayor generación diurna, propia de fuentes como la solar y la eólica.

Esta última disposición también brindó una definición sobre el concepto de energías renovables, expresando que "son las fuentes de energía no fósiles idóneas para ser aprovechadas de forma sustentable en el corto, mediano y largo plazo", reconociendo entre ellas a la energía eólica, solar térmica, solar fotovoltaica, geotérmica, mareomotriz, undimotriz, de las corrientes marinas, hidráulica, biomasa, gases de vertedero, gases de plantas de depuración, biogás y biocombustibles (5) (6).

También la generación distribuida de energía eléctrica cuenta con profusa y moderna normativa en nuestro medio. Cabe aclarar que este sistema se vuelve posible ante la incorporación de redes eléctricas inteligentes, capaces de mejorar la efectividad, la estabilidad y la confiabilidad de los sistemas, a cuyo respecto se afirma que ello resultará esencial para aumentar la proporción de fuentes de energía renovable sin comprometer la competitividad, ni la seguridad del sistema (7). Estos avances permiten mapeos precisos del consumo y anticipación de las necesidades energéticas generales (a los Estados, distribuidoras, etc.) y asimismo, seguimiento del propio uso energético, elección de horarios con el fin de acceder a una tarifa menor (a los consumidores), entre otros beneficios. El acceso a información sensible por parte de las distribuidoras, gracias a la utilización de tales redes (por ejemplo, ¿a qué hora salimos y llegamos a nuestros hogares? ¿de qué aparatología nos valemos para desarrollar nuestra actividad cotidiana?, ¿cuánto y cómo la empleamos?), será un aspecto que requerirá de atención especial.

A nivel nacional, la generación distribuida quedó regulada esencialmente por la ley 27.424/17, cuyo objetivo esencial fuera "fijar las políticas y establecer las condiciones jurídicas y contractuales para la generación de energía eléctrica de origen renovable por parte de usuarios de la red de distribución, para su autoconsumo, con eventual inyección de excedentes a la red, y establecer la obligación de los prestadores del servicio público de distribución de facilitar dicha inyección, asegurando el libre acceso a la red de distribución, sin perjuicio de las facultades propias de las provincias" (8).

La norma dispone —como regla— que todo usuario de la red tiene derecho a instalar equipamiento para la generación distribuida de energía eléctrica a partir de fuentes renovables hasta una potencia equivalente a la que este tiene contratada con el distribuidor para su demanda (9), con obligación de los prestadores del servicio público de facilitar la inyección, sin facultad para rechazar la conexión en caso de contar el usuario con equipos certificados y con previsión de sanciones y compensaciones en casos de mora (10). También establece que los costos de los equipos de medición, instalación y conexión serán a cargo del usuario-generador (o "prosumidor"), salvo excepciones (11).

Por lo demás, la ley determina que cada distribuidor efectuará el cálculo de compensación y administrará la remuneración por la energía inyectada a la red producto de la generación distribuida bajo el modelo de balance neto de facturación, fijando pautas específicas al efecto (12) y establece que el Poder Ejecutivo Nacional designará a la autoridad de aplicación, con facultades para establecer las normas técnicas y administrativas aplicables (13). Estas disposiciones, por cierto, centrales para el efectivo funcionamiento del sistema, son objeto de gran debate entre los diversos actores interesados —Estados nacional y provinciales, pequeños generadores, desarrolladores de equipamiento, etc.—, no sólo a nivel nacional (14).

A su vez, con el fin de promover esta novedosa actividad, la ley nacional reconoce variados beneficios a los prosumidores, como exenciones impositivas (de ganancias e IVA), préstamos, incentivos y garantías, creando al efecto un Fondo Fiduciario Público (15) y un Régimen de Fomento para la Fabricación Nacional de Sistemas, Equipos e Insumos para generación distribuida de fuentes renovables (16).

A la fecha de redacción el presente trabajo, la ley 27.424 habría alcanzado la adhesión de las provincias de Mendoza (17), Tucumán (18), Córdoba (19), San Juan (20) y Tierra del Fuego (21)—con derecho a la obtención de los beneficios previstos por tal normativa—; anticipando su decisión en sentido contrario, las provincias de Entre Ríos y La Rioja (22), por razones como la neutralización del rol de las autoridades de aplicación naturales —locales— y las distorsiones que surgirían del cálculo de remuneración por energía inyectada que propone tal ley marco.

Asimismo, los Estados provinciales se van dictando su propia normativa especial y algunos vienen diseñando verdaderas políticas públicas para la generación distribuida de energías renovables, con sistemas de participación simplificados e información clara para los "prosumidores", como en el caso de la Provincia de Santa Fe (23).

Se observa así la existencia de un marco normativo relevante y en desarrollo, que se enfrenta a complejidades técnicas que frenan la implementación efectiva del nuevo sistema de generación distribuida y dificultades macroeconómicas que le agregan incertidumbre a un tipo de desarrollo tecnológico hoy dependiente de insumos extranjeros (por ejemplo, para la producción de paneles fotovoltaicos; medidores inteligentes, etc.). La fabricación nacional de los sistemas, equipos e insumos necesarios, prevista por la ley 27.424, esencial para el futuro de la generación distribuida en nuestro país, aún dista de ser una realidad, salvo por ciertos valiosos, pero aún pequeños emprendimientos aislados.

Aun así, los expertos en la materia no dudan que nuestro país se encamina hacia el desarrollo de la producción energética para autoconsumo, con sustitución de energías fósiles por otras limpias, respondiendo a la tendencia observada a nivel internacional (24); resultando esperable que la producción de electricidad por pequeños y medianos generadores de energías renovables sea una realidad, al menos a mediano plazo y en ciertas jurisdicciones de nuestro país.

Resta acaso reforzar los procesos permanentes de protección del clima, con un diálogo abierto entre la opinión pública, el sector empresario y el Estado, además de la promoción de políticas públicas de ahorro energético que contemplen la eficiencia energética en la construcción de inmuebles (25).


III. La figura del "prosumidor" en la generación distribuida de energía eléctrica

III.1. "Consumidor" y "prosumidor": diferencias básicas

En las relaciones de consumo, el esquema tradicional exhibe un vínculo de carácter vertical entre un empresario experto proveedor y un usuario o consumidor que recibe el producto o servicio, a quién en función de su vulnerabilidad, le asiste un fuerte régimen protectorio con base en el art. 42 de la ley Constitución Nacional y en las normas de la ley 24.240/1993 del Consumidor.

Durante estos últimos años, ha ingresado con fuerza en nuestro medio el concepto de "economía colaborativa" que altera significativamente tal esquema tradicional y la forma en que los consumidores buscan satisfacer sus necesidades, tratándose de una modalidad comercial que se caracteriza por el ofrecimiento de bienes y servicios a través de plataformas digitales. Este sistema supone —al menos teóricamente— la desaparición del sujeto profesional y una relación que se entabla entre dos consumidores en pie de igualdad.

Aparece también la figura del "prosumidor", que inicialmente fuera asociada a los cibernautas que con la revolución del web 2.0., dejaron de ser meros lectores de contenidos de internet, para producir y compartir sus propios textos, fotografías y vídeos (26). Luego, el "prosumidor" se identificaría con el individuo que se encuentra a ambos lados del proceso productivo, comprendiendo a todas aquellas personas que prestan, con frecuencia diversa, servicios en el marco de la denominada economía colaborativa (27).

En la realidad, se observa que las experiencias de consumo colaborativo mediadas por plataformas digitales se expanden globalmente y tienen una presencia creciente en nuestro país, impulsadas por la crisis del empleo regulado, que deja a una gran masa de personas activas fuera del mercado laboral. Involucran individuos que de un modo más o menos velado, desarrollan una auténtica actividad profesional de prestación de servicios, sin cumplir todavía con las obligaciones que las distintas normativas sectoriales imponen. El "prosumidor" entonces es una figura que debe ir delimitándose, de tal modo de poder definirse el estatuto al que será sometido (28).

En este sentido, hoy vemos como los propietarios de un automóvil, antes empleado para la movilidad personal o familiar, ofrecen servicios de transporte particular mediante el uso de tal vehículo (por ejemplo, mediante el sistema Uber o Cabify). Una bicicleta o motocicleta antes utilizada como medio de transporte personal especialmente por personas jóvenes, constituye la herramienta esencial para "servicios de mensajería", que permite acercar en forma rápida los más variados productos a consumidores imposibilitados o poco afectos a moverse de sus espacios físicos y desconectarse de sus equipos tecnológicos, para la atención de sus necesidades cotidianas (por ejemplo: sistemas conocidos como "Glovo", "Pedidos ya" o "Rappi"). También observamos como los dueños de viviendas adquiridas para uso hogareño, hoy comercializan total o parcialmente sus habitaciones con fines de alojamiento para turistas (por ejemplo: "Airbnb").

Por su parte, la generación distribuida de energía eléctrica supone la relación entre una empresa distribuidora y un sujeto usuario que no se limitará ya al mero consumo de energía y pago de su costo. Por el contrario, en este caso el "prosumidor" también generará electricidad mediante un panel fotovoltaico, un molino eólico o de otra forma, la utilizará para sus propias necesidades e inyectará el excedente al sistema eléctrico general, con derecho a algún tipo de remuneración.

III.2. El "prosumidor" en la generación distribuida de energía: particularidades

Seguidamente y con el fin de entender un poco más la figura que interesa a este trabajo, ensayaremos una breve diferenciación de sus características, de las propias de otras actividades comprendidas en el concepto de economía colaborativa. Advertimos desde ya al lector sobre los límites que podrá tener la comparación propuesta, que justamente lo es entre categorías mutables, que transcurren sobre zonas grises.

En este sentido, se observa que en los casos de prosumo de servicios de alojamiento, transporte y reparto de bienes antes mencionados, no hay un interés público prioritario, sino más bien una actividad económica propia de la era de la información, que merecerá protecciones de orden jurídico, laboral y social como cualquier otra. Generalmente, los citados servicios se sirven de plataformas digitales que suelen ser diseñadas por un desarrollista extranjero, que opera dentro de un marco regulatorio difuso y cambiante, resultando —al menos inicialmente— dificultosa su sujeción a las normas nacionales (29)(30). Suele observarse que sus servicios afectan significativamente una industria instalada (hotelera, de transporte), donde nuevos actores reemplazan (total o parcialmente) a otros preexistentes, generándoles pérdidas económicas e imputándoseles una competencia desleal. Su ingreso en una comunidad determinada, en muchos casos alimenta posiciones radicales entre los distintos intereses concernidos, que terminan siendo resueltas por la Justicia (31).

Por el contrario, la generación distribuida de energía eléctrica hace a un fenómeno bien diferente: en su desarrollo por pequeños proveedores hay un interés público esencial, anclado en la sustentabilidad ambiental y el ahorro energético. Más que ataque a una industria instalada, estos sistemas permiten imaginar alianzas inexorables entre las empresas distribuidoras de energía y los prosumidores, con expectativas de beneficios para ambas, a pesar de su complejidad inicial y de las disputas sobre el aspecto remunerativo, que podrán mantenerse en el tiempo (32). Su impulso está en las manos de los Estados nacionales y provinciales, que diseñan políticas públicas con variados incentivos para su instalación y crecimiento, en el marco de detallados y esforzados marcos normativos.

Algunas leyes provinciales diseñadas para el desarrollo de la generación distribuida de energías renovables comienzan ya a delinear los derechos y obligaciones de los prosumidores, en términos como los siguientes: "El prosumidor dispondrá de los equipos de medida o contadores de energía eléctrica necesarios para la facturación que le resulte de aplicación, los que deberán ser provistos por la Empresa Distribuidora de Energía. El prosumidor podrá disponer en el punto de frontera, un equipo de medida bidireccional o dos equipos de medida, que registre la generación y el consumo de energía eléctrica con la red de distribución. Estos registrarán el saldo neto entre lo generado por el sistema y consumido de la red. Los equipos de medida deberán estar debidamente constatados" (33). A su vez: "La instalación del sistema de generación distribuida de energía eléctrica basado en el uso de fuentes renovables de energía por parte de un prosumidor, no afecta su condición de usuario del servicio público de distribución de energía eléctrica y por tanto le son aplicables todos los derechos y obligaciones que conforman el reglamento general de prestación del servicio eléctrico de la Provincia establecido en el contrato de concesión. El prosumidor será responsable de mantener el sistema de generación de energía distribuida, la instalación eléctrica interna, así como los dispositivos de generación, protección y conexión en perfectas condiciones de funcionamiento, siendo estas instalaciones de su exclusivo costo y responsabilidad" (34).

III.3. Normas fundamentales y generales: su sentido en el encuadre de la figura del prosumidor de energía eléctrica

Más allá de cualquier regulación especial, el prosumidor de energía eléctrica halla un verdadero amparo en el art. 41 de la CN (1994), que reconoce que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, obliga a las autoridades a su protección e impone a la Nación, el deber de dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las Provincias, el deber de complementarlas.

A su vez, el art. 1094 del Cód. Civ. y Com. (2015), aparece como más específico, propiciando el sistema de generación distribuida, al establecer: "Las normas que regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme con el principio de protección del consumidor y el de acceso al consumo sustentable", criterio que aparece reforzado como verdadero principio en el Anteproyecto de reforma de la Ley de Defensa del Consumidor 2018 (35) (art. 5.5.).

Por su parte, la ley 24.240/1993, define al consumidor como "... la persona física o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social..." (art. 1º), y al proveedor, como "... la persona física o jurídica de naturaleza pública o privada, que desarrolla de manera profesional, aun ocasionalmente, actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios, destinados a consumidores o usuarios..." (art. 2º).

Tales calidades evidentemente se reúnen en la persona del prosumidor, requiriéndose su armonización bajo el paraguas de la normativa técnica específica. Resulta central para dicha tarea, la determinación del llamado "punto de frontera", es decir, el sitio específico a partir del cual el prosumidor deja su rol central de usuario para convertirse en proveedor de energía a la red eléctrica, lugar que normalmente se identifica con el medidor (sea este bidireccional o bien consistente en dos equipos, uno de medición de entrada y otro de salida de energía).


IV. Palabras finales: notas sobre la prevención de daños y el aseguramiento

A título de cierre, quisiéramos formular unas breves reflexiones sobre el cruce entre el novedoso sistema de generación distribuida y los riesgos de daños que le son inherentes.

En este sentido, se sabe que toda actividad económica es potencialmente generadora de perjuicios. La producción energética —por cierto—, no resulta ajena a tal fenómeno. En la experiencia habida con las energías tradicionales, casi nadie desconoce los siniestros de Chernobyl (1986) y Fukushima (2011), que involucraron centrales nucleares y causaron verdaderas catástrofes humanas y ambientales. La generación de carbón y la producción petrolera también son percibidas como industrias causantes de un significativo daño ecológico.

Y si bien las energías renovables cuentan con buen prestigio a nivel social y se asocian a cierta idea de pureza, hasta el punto que se las denomina "energías limpias", lo cierto es que —por ejemplo— los molinos eólicos exhiben cierta criticidad por siniestros en la etapa de construcción y montaje, además de los conocidos inconvenientes que provocan para la fauna avícola y los paneles solares mediante los que se produce energía fotovoltaica, pueden verse afectados por fuertes vendavales, granizo y rayos, con daños materiales y eventualmente personales.

Si a ello se suma el hecho de que en el sistema de generación distribuida podrán no ser las grandes empresas distribuidoras quienes deban ocuparse de prevenir estos siniestros o contratar aseguramiento para reparar sus eventuales consecuencias, sino que serán los "prosumidores" individuales o los pequeños emprendimientos cooperativos quienes deban hacerlo, se impone el diseño de seguros adecuados a tal circunstancia.

Es así que vale la pena pensar en el diseño de coberturas de seguros colectivas, que puedan tener como tomador a alguna entidad aglutinante (por ejemplo, las propias distribuidoras de electricidad) y por asegurados al conjunto de prosumidores de una determinada comunidad, de tal modo que su costo resulte asequible, alcanzándose el objetivo de mitigar la exposición a riesgos y apoyando así la efectiva instalación del sistema.

Otra opción, a los mismos fines, sería incluir el aseguramiento de paneles solares u otros dispositivos de generación de energía a pequeña escala en los seguros de combinado familiar, que permiten incluir en una misma póliza todas las coberturas necesarias para la protección contra los riesgos a los que se expone una vivienda.

Por último, cabe imaginar que las complejidades técnicas, económicas y humanas propias de la implementación del sistema de generación distribuida, podrán generar diferencias entre los distintos actores involucrados, cuya solución debiera facilitarse. En este sentido, y dada la naturaleza de los bienes involucrados —nada menos que la producción energética del futuro—, valdrá la pena propiciar mecanismos de solución no litigiosa, con participación de representaciones colectivas de interesados —como "cooperativas de prosumidores"— evitándose la costosa y socialmente poco eficiente apelación a la judicialización individual de las disputas. La función preventiva de la responsabilidad civil, en su versión menos aplicada, que es la del art. 1710 del Código unificado, cuyo fundamento debe hallarse en la solidaridad, la cooperación y el deber genérico de no dañar, bien puede obrar como marco para la creación de ese tipo de mecanismos.


(1) Conf. arts. 1º y 3º.

(2) Arts. 1º y 2º.

(3) Conf. 2º, 5º y 8º.

(4) Conf. Información publicada por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, cuya evolución se siguiera desde el 15/02/2019 al 05/03/2019, disponible en: https://despachorenovables.cammesa.com/renovables/.

(5) Art. 2.a.

(6) Este régimen regulatorio se completó también con disposiciones como las siguientes: DR531/2016 (L. 26.190 / L. 27.191); res. MEyM 72/2016, 132/2016, 252/2016, 437/2017, 488/2017, 281/2017.

(7) Conf. Programa de estudios en Ingeniería Eléctrica y Redes Inteligentes de la Universidad de Tampere, Finlandia (Ciencias Aplicadas), disponible en: https://www.tuni.fi/en/study-with-us/electrical-engineering-smart-grids.

(8) Art. 1º.

(9) Art. 4º.

(10) Arts. 8º y 38.

(11) Art. 11.

(12) Art. 12.

(13) Art.13.

(14) En Alemania, donde el sistema de generación distribuida tendría una participación importante en todo el sistema eléctrico, las pujas referidas a la remuneración debida a los prosumidores serían moneda corriente, conf. "Un marco jurídico para las energías renovables", presentación del Prof. Dr. Jur. Walter Frenz, RWTH, Aachen University, en Congreso Argentino-Germano de Derecho Económico y Empresarial, Fder. UBA, 22/02/2019.

(15) Conf. arts. 8º,12, 12 bis y 16/31.

(16) Arts. 32 a 37.

(17) Conf. L. 9084, del 26/07/2018.

(18) Conf. L. 9159, del 21/12/2018.

(19) Conf. L. 10604, del 19/12/2018.

(20) Conf. L. 1878-A, del 21/12/2018.

(21) Conf. D. 132/2019, del 11/02/2019.

(22) Información recuperada de http://www.energiaestrategica.com/las-5-provincias-que-han-adherido-a-la-ley-nacional-de-generacion-renovable-distribuida-hasta-el-momento/, al 08/03/2019.

(23) En este sentido, vale la pena leer la res. 140/2018 sobre "Prosumidores-Máxima Producción", el dec. 1718/2018 sobre Prosumidores y la presentación del Programa de la Provincia de Santa Fe, disponible al 08/03/2019 en https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/204394/(subtema)/202790.

(24) Puede verse una interesante descripción de este fenómeno a nivel europeo, donde Suecia aparece liderando el uso de energías renovables —con más de un 50% sobre el consumo bruto de energía final—, en https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Figure_1-Share_of_energy_from_renewable_sources_2004-2016.png, disponible al 27/03/2019.

(25) En países como Alemania, según la Ordenanza de ahorro de energía que entrara en vigor en 2002, se establecen requisitos de rendimiento energético para los edificios nuevos y para los ya existentes, en caso de una renovación importante. Los nuevos no deben exceder el requisito primario anual de un edificio de referencia relevante y deben construirse de tal manera que el revestimiento y los sistemas limiten el consumo. Se emiten certificados de rendimiento energético, que brindan la posibilidad de comparar consumos de los distintos inmuebles, incidiendo en las decisiones de posibles locatarios y compradores. Ver INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, información disponible al 29/03/2019 en https://www.iea.org/policiesandmeasures/pams/germany/name-34988-en.php. A nivel local, se observan proyectos piloto y limitados en cuanto al universo de viviendas afectadas, como "Eficiencia Energética y Energía Renovable en la Vivienda Social Argentina" (128 viviendas sociales en 8 Provincias, conf. resolución 423/2018), disponible al 29-3-19 en https://www.argentina.gob.ar/innovacion-para-el-desarrollo-sustentable/proyecto-eficiencia-energetica-y-energia-renovable-en-la.

(26) Según se afirma en Occidente, tal figura fue concebida por ciertos "futurólogos" estadounidenses como Mc Luhan (en Mc Luhan Marshal y Nevitt, Barrington "Take Today: the Executive As Dropout", Harcourt Brace Jovanovish, NY 1970) y Toffler (en Toffler, Alvin "La tercera ola", Plaza & Janés, 1981, p. 262).

(27) JARNE MUÑOZ, Pablo, "El prosumidor como figura clave en el desarrollo del derecho", en Revista CESCO de Derecho de Consumo, 19/2016, disponible al 22/03/2019 en https://revista.uclm.es/index.php/cesco/article/view/1127/956.

(28) Ibidem.

(29) En este sentido, ver LOREDO, María Sol, "La economía colaborativa y las relaciones de trabajo en la LCT. El caso de 'Glovo'", 21/03/2009, elDial.com - DC26F1, donde se afirma, por ejemplo: "... considero que estos trabajadores se encuentran en una zona gris, pues si bien formalmente son trabajadores independientes, en la redacción actual de las normas legales —inspiradas en un modelo económico distinto al que viene surgiendo en esta última década—, desde el punto de vista legal son eminentemente trabajadores dependientes...".

(30) Luego de terminado este trabajo y hallándose en prensa, un juez argentino ordenó la prohibición de operar en la Ciudad de Buenos Aires a las empresas Rappi, Glovo y Pedidos Ya, por interpretar que operan "en franca transgresión a la normativa vigente" y solicitó que se apliquen las medidas para que cumplan con los requisitos de seguridad e higiene (ver https://ar.reuters.com/article/ topNews/idARL1N21S1XT, disponible al 11/4/19).

(31) En el ámbito del transporte, se observa ya una variedad de pronunciamientos judiciales que dan cuenta de esta situación. A nivel local, por ejemplo, puede verse "S., M. F. s/ procesamiento", CNCrim. y Correc., sala VII, 27/08/2018, elDial.com - AAAC4C, donde se procesó a una persona por los delitos de lesiones, coacción y daños a quien conducía un vehículo prestando un servicio de transportes de pasajeros (Uber/Cabify). En otro publicitado precedente, se ordenó la clausura/bloqueo de la página web, plataformas digitales y aplicaciones de compañía dedicada al transporte de pasajeros "Uber", en todo el territorio del país; ver "NN (Uber) s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Incidente de apelación por clausura/bloqueo de página web en todo el país en autos: NN (Uber) y otros s/ infr. art(s). 83, 73 y 74 CC'", TSJ CABA, 08/06/2018, elDial.com - AAA9A8. La cuestión excede el escenario local, como bien se advierte en el caso "Asociación Profesional Élite Taxi c. Uber Systems Spain SL", Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala), 20/12/2017, que trató sobre el litigio entre una asociación profesional de taxistas de la ciudad de Barcelona y Uber Systems Spain, elDial.com - AAA4F4d, decidiéndose la calificación del servicio prestado por este último, como de intermediación indisociablemente vinculada a un servicio de transporte.

(32) Ver cita 13, supra.

(33) Art. 6º, L. 8994/17 de Energía Eléctrica basada en Energías Renovables de Tucumán.

(34) Art. 9º, L. 8994/17 cit.

(35) Redactado por la Comisión creada por el dec. 182/2018.

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